February 13th, 2009 by admin

Un día después que el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, criticara a los empresarios por la ola de despidos, el presidente de la DC Juan Carlos Latorre, que suspendió sus vacaciones en Villarica, señaló que aparte de asistir a la reunión del comité político de la Moneda, consideraba necesario poner en la agenda una reforma constitucional que elimine las trabas que tiene el Estado para intervenir empresas en período de crisis.
 La Constitución de 1980 establece que el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales “sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”. El diputado DC señaló que “no puede ser que Chile sea un país que tenga limitaciones para poder intervenir directamente y evitar la quiebra de las empresas, que son tremendamente importantes”.
 En el oficialismo hubo una reacción favorable y un rechazo contundente en la Alianza, pero al margen de la discusión contingente vale la pena señalar la inoportunidad de una iniciativa cómo esta, particularmente en un momento de crisis en la que todos los indicadores señalan que va a tender a intensificarse.
 Si hay un elemento contextual de toda situación económica difícil es el aumento de los niveles de incertidumbre, tanto de los agentes económicos como sociales, y si existe un factor clave para superar dicha condición y devolver los niveles de confianza es la estabilidad institucional.
Lo que justamente nos diferencia de otros países de la región es el que hemos sido capaces de construir una economía institucionalizada, que según Linz resulta ser un requisito indispensable para consolidar la democracia. Es decir, que funciona con reglas claras.
 Las instituciones que no son otra cosa que el equivalente a las reglas del deporte y por lo tanto le dan forma a la interacción humana. Son estructuras de incentivos en lo político, social y económico, un conjunto de reglas y de ritos que tienen como función reprimir la subjetividad. Ahí es dónde las instituciones funcionan, somos gobernados por reglas y no por los deseos e impulsos de quiénes están en el poder. Las reglas son decisiones que la sociedad adopta por anticipado, evitando así decidir en cada caso en medio de las siempre cambiantes circunstancias.
 Según José Ramón Valente existen cuatro indicadores claves para medir la calidad institucional:
1) Libertad
2)Niveles de corrupción
3)La legalidad de los países y
4)La calidad de las regulaciones.
Los costos de transacción suponen evaluar la incertidumbre que existe en la definición de los derechos sobre los bienes, decir el derecho a usar, a disfrutar, a disponer y a excluir un determinado bien.
De este sencillo concepto se entiende el fundamento económico de lucha por la seguridad jurídica. El avance hacia los mercados eficientes ha exigido y sigue exigiendo la reducción progresiva hasta la eliminación del poder arbitrario .La interdicción de la arbitrariedad es la columna vertebral del mercado.
 Esto es aún más válido en momentos como éste, en que la incertidumbre tiende a aumentar. Si asumimos una perspectiva intervencionista, el resultado no puede ser otro que la inhibición de las iniciativas de los agentes económicos y sociales y aumentar los efectos negativos la crisis.
 Cuando se demandan acciones de parte del poder ejecutivo a los empresarios, lo cierto es que una de las labores del gobierno es generar las condiciones para que las instituciones promuevan los incentivos para que estas acciones tengan los respaldos necesarios.
En estos momentos que se promueve el intervencionismo político en el campo económico, vale la pena recordar las expresiones de Kofi Annan cuando señaló “sin Estado de derecho, una administración predecible, un poder legítimo y una regulación responsable, ninguna cantidad de fondos, ningún milagro económico pondrá en el corto plazo al mundo en desarrollo camino a la prosperidad”.